Es perjudicial para la equidad y la justicia, ya que los pobres son los que más pierden cuando se reducen los gastos sociales y la inversión en desarrollo sostenible. Y es perjudicial para la estabilidad económica, ya que la combinación tóxica de bajos ingresos fiscales y gastos improductivos deja que los déficits puedan aumentar fácilmente de manera descontrolada.