La deuda pública consolidada (incluyendo deuda intergubernamental) al cierre de 2024 ascendió a US$73,746.8 millones. Este monto está compuesto por la deuda del Sector Público No Financiero (SPNF), que fue de US$57,587.2 millones, y la deuda del Banco Central de la República Dominicana (BCRD), que representó US$16,159.6 millones. Para ponerlo en perspectiva, la deuda se ha multiplicado aproximadamente 16.6 veces desde el año 2000.

Al mes de diciembre de 2024, la deuda pública consolidada se ubicó en 59.2% del PIB, de los cuales un 46.3% correspondían a la deuda del SPNF y los restantes 13.0% a la deuda del BCRD. Esta reducción en la participación del BCRD respecto al 15.1% registrado en 2023 se explica, en gran medida, por la redención de títulos durante el último trimestre del año, que ascendió a aproximadamente RD$140,000 millones. Esta medida fue parte de su política monetaria expansiva de final de año 2024. Como resultado, los valores en circulación del BCRD pasaron de RD$1,035,624.6 millones en enero a RD$885,554.2 millones en diciembre, reflejando una reducción total de RD$150,070.4 millones, equivalente a un 14.5%.

Por su parte, entre diciembre de 2019 y noviembre de 2024 (prácticamente cinco años) la deuda del SPNF experimentó un aumento significativo de US$21,644.7 millones, lo que representa un crecimiento del 60.2%. Para poner este incremento en perspectiva, alcanzar una variación de esta magnitud antes de 2019 tomó un periodo de nueve años, desde 2010 hasta 2019.

La situación de los actuales niveles de deuda pública consolidada resalta la necesidad de avanzar en reformas fiscales y estructurales que garanticen la sostenibilidad de las finanzas públicas. La elevada proporción de deuda respecto al PIB refleja desafíos persistentes en la capacidad del Estado para equilibrar sus cuentas. Según el presupuesto de 2024, el gasto en intereses de la deuda pública debió haber alcanzado el 25% de los ingresos tributarios. Para romper con el círculo vicioso de que el gasto público persiga los aumentos de ingreso, es fundamental establecer un marco fiscal más sólido. Un paso en esta dirección sería la eliminación del párrafo II del Artículo 5 de la Ley 35-24 de Responsabilidad Fiscal, que actualmente permite eludir la única regla fiscal existente y debilita el control del gasto primario. Una reforma integral que aborde estos problemas, mejore el sistema tributario y promueva la productividad podría traducirse en más y mejores empleos, así como en ingresos más elevados para los dominicanos. Sin cambios estructurales, el país seguirá enfrentando riesgos en su capacidad de mantener la confianza de los mercados y alcanzar el grado de inversión en el mediano plazo.

Fuente: CREES