Por: Miguel Collado Di Franco

En los últimos años, la cantidad de personas que reciben ingresos recurrentes del Estado dominicano ha crecido de manera sostenida, alcanzando en noviembre de 2024 un total de 5.5 millones de personas, lo que representa el 51.1% de la población.

Estas personas dependientes del Estado se dividen en tres grupos: los empleados públicos, los pensionados y los miembros de hogares beneficiarios de programas de transferencias, como Aliméntate. Por no tener la característica de recurrentes, no son incluidos los beneficiarios de programas temporales como el Bono a Mil por la Educación o los del Bono Navideño.

Esta tendencia muestra un incremento desde 2009 (primer periodo en donde contamos con datos), cuando el 33.6% de los dominicanos dependía del sector público. Este crecimiento no solo refleja la expansión de los programas de asistencia social y del empleo público, sino también un cambio estructural en la economía del país, donde una porción significativa de la población depende directamente del Estado para su subsistencia.

La crisis de la pandemia de COVID-19 marcó un punto de inflexión en esta tendencia. En lugar de implementar reformas estructurales que fomentaran un entorno favorable para la inversión y la generación de empleos en el sector privado, se optó por una política de expansión de los subsidios y del empleo público; medidas que a pesar del paso de la crisis han seguido vigentes y en constante expansión. Como consecuencia, la cantidad de personas que dependen de recursos fiscales no solo aumentó durante la pandemia, sino que siguió creciendo en los años posteriores.

A medida que la economía dominicana sigue enfrentando retos globales, la creciente dependencia del Estado plantea un desafío importante para la sostenibilidad fiscal a largo plazo. Frente a esta realidad, es necesario adoptar un enfoque integral que priorice la creación de empleos productivos en el sector privado y reduzca la carga sobre los recursos públicos.

Los ciudadanos de República Dominicana merecen reformas que transformen los fundamentos de la economía. Dicho de otra manera, políticas públicas con un enfoque en el bienestar real de las personas para que puedan, mediante la ética del trabajo, alcanzar sus metas personales.

Para ver artículo completo: En 2024 cinco millones y medio de personas dependían del gobierno dominicano